Guadalajara  • Si el Congreso del Estado atendiera las solicitudes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el municipio de Chapala ya se habría quedado, al menos, siete meses sin presidente municipal. Esto, por las peticiones de suspensión de quince días sin goce de sueldo que ha remitido el tribunal en contra de Joaquín Huerta.

Las peticiones para que se sancione al alcalde del municipio ribereño, son por el incumplimiento de sentencias laborales, todas de administraciones anteriores a la de él. La más antigua, de un juicio que comenzó en 1998.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Gobernación, Enrique Velázquez González, informó que trabajan en la revisión de 36 peticiones de suspensión y que tan sólo en el caso de Chapala, los laudos sumarían cerca de 20 millones de pesos, recursos de los que el municipio no dispone.

Según información proporcionada por la secretaria técnica de la Comisión de Gobernación, Karla Lizeth Jacobo López, en la actual Legislatura se han recibido por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón un total de 33 solicitudes para suspender a alcaldes sin goce de sueldo, por no pagar sentencias laborales. Cabe aclarar que la suspensión no los exime de la obligación de pagar el monto a favor de los trabajadores despedidos.

De las peticiones recibidas en la actual Legislatura, 16 ya fueron desechadas por la Comisión de Gobernación y las 17 restantes aún están en estudio, aunque en dos de ellas no se dispone de la información suficiente. Karla Lizeth Jacobo aclaró que en la entrega-recepción de la comisión legislativa no les entregaron los expedientes de los juicios pendientes, por lo que sólo se han atendido aquellos casos en los que hay un requerimiento nuevo del Tribunal para que el Congreso se pronuncie.

De las peticiones de suspensión, catorce corresponden al alcalde de Chapala. La mitad ya fueron desechadas, pero en siete todavía se revisan los expedientes, que implican el pago para el municipio de  1.3 millones de pesos en laudos.

Los juicios laborales en contra del Ayuntamiento de Chapala corresponden uno de ellos a 1998; uno a 2007; diez a 2010 y dos a 2011.

Posteriormente aparece el municipio de Ojuelos, con cuatro peticiones para suspender al alcalde José de Jesús Tovar Gómez, por no pagar sentencias laborales, todas por juicios que comenzaron en 2007, las cuales ya fueron desechadas por la Comisión de Gobernación.

Además, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ha solicitado en tres ocasiones que se suspenda al presidente municipal de Jocotepec, Juan Francisco O’shea Cuevas. Estos juicios comenzaron uno en 2005 y dos en 2007. Uno ya fue desechado y los otros dos están en estudio, sumando un monto superior a los 279 mil pesos.

Felipe de Jesús Romo Cuéllar, presidente municipal de Encarnación de Díaz, también enfrenta dos peticiones de suspensión por juicios que comenzaron uno en 2010 y otro el año pasado. Uno ya fue desechado y el otro está en estudio, aunque faltan documentos para precisar el monto de la sanción.

Por su parte, el presidente municipal de El Salto, Joel González Díaz tiene dos procedimientos de suspensión por un laudo de 79,400 pesos, de un juicio que comenzó en 2007. Una situación similar enfrenta el alcalde de San Martín de Bolaños, José Miguel Ángel Fernández Soto, quien enfrenta dos peticiones de suspensión por un juicio de 2007, de más de 177 mil pesos.

El resto de los municipios en los que hay solicitudes para suspensión de sus alcaldes, por no pagar sentencias laborales, son Yahualica, con un proceso de 2007; Mascota, uno de 2011; San Julián, uno de 2007; Tototlán, uno de 2006; Tala, uno de 2004 en el que se han acumulado ya 346,139.69 pesos, y Zapopan, que llegó recientemente por un juicio del año pasado por 117,600 pesos.

:claves Petición de suspensión

-14 para Chapala; 7 fueron desechadas y siete están en estudio; suman 1.3 millones de pesos; 1 de 2008; 1 de 2007; 10 de 2010 y 2 de 2011

-4 para Ojuelos, ya fueron desechadas y son de 2007

-3 para Jocotepec; una fue desechada, dos están en estudio y suman 279,023 pesos; 1 de 2005 y 2 de 2007

-2 para Encarnación de Díaz; una fue desechada y una está en estudio, pero no hay documentos suficientes; 1 de 2010 y 1 de 2012

-2 para San Martín de Bolaños; ambas son de un laudo por 177,686.76 pesos de un juicio de 2007

-2 para El Salto; ambas son por un laudo de 38,700 pesos, de un juicio de 2007

-1 para Yahualica, ya fue desechada y es de 2007

-1 para Mascota, ya fue desechada y es de 2011

-1 para San Julián, ya fue desechada y es de 2007

-1 para Tala, está en estudio y es por un laudo de 346,139.69 pesos, de 2004

-1 para Tototlán, faltan documentos y es de 2006

-1 para Zapopan, está en estudio y es por 117,600, de 2012

Sonia Serrano Iñiguez, Milenio