Entrevistado por Proceso Jalisco, el cuarto visitador general de la CEDHJ y responsable de las inspecciones de cárceles, Arturo Martínez Madrigal, señala que el Reclusorio Preventivo de Puente Grande tiene una sobrepoblación de más del 100%, que le ha merecido la peor calificación en el estado, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, publicado en 2012 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) y realizado con datos de las cien prisiones más pobladas del país.
Si bien 10 de los 11 reclusorios jaliscienses han mejorado desde 2007 su posición a nivel nacional, el complejo penitenciario de Puente Grande sigue siendo el peor calificado, precisamente por la sobrepoblación. Según el funcionario, esa circunstancia obliga a que algunos presos tengan que dormir sentados en el retrete.
Desde 2011 se detectó en la cárcel de la capital del estado una sobrepoblación de más del 100%, lo que pone en jaque la seguridad de los internos en el Reclusorio Preventivo y en el Centros de Readaptación Social. El primero cuenta con una capacidad de 3 mil 100 internos, pero actualmente tiene más de 7 mil, en tanto que el Centro de Readaptación Social está planeado para 2 mil 87 personas y actualmente concentra a 5 mil 749. Y en el reclusorio femenil, con cupo para 376, hay 465 internas.
Por consiguiente, indica Martínez Madrigal, el nuevo reclusorio preventivo metropolitano –que aún no funciona– atenuará muy levemente la sobrepoblación con su capacidad para mil 700 internos, pese a sus celdas automatizadas y el moderno equipamiento de sus cámaras y torres de vigilancia, así como su sistema de rayos X en el acceso.
“El problema principal que encontramos –insiste el cuarto visitador– es la sobrepoblación, que implica, además de hacinamiento, que no se garantice una atención adecuada, pues los custodios y la atención médica no son suficientes, además de que ni el trabajo ni el agua alcanzan allá adentro.”
Explica que existen talleres de carpintería, laminado y pintura, pero sobre todo de artesanía, los reos cuentan sólo con sus familiares y amigos para la venta de sus productos. En cuanto al agua, se les proporciona en horarios específicos.
Desde 2011 la CNDH suele realizar visitas anuales durante el día para realizar el diagnóstico sobre las condiciones de vida en los centros penitenciarios, pero no se revisa el interior de las celdas. Y la CEDHJ se enfoca en la supervisión directa en relación con las quejas de las familias de los presos.
La mayoría de éstas se interponen para exigir atención médica, libertad anticipada y el derecho de visita íntima, así como la mejora de los proceso de revisión para los visitantes. Sobre este último tema destacan tres quejas presentadas ante la CEDHJ en 2010 por revisiones vaginales, una aplicada en el Reclusorio Preventivo Metropolitano de Puente Grande y otra en el reclusorio de Puerto Vallarta, que derivó en la recomendación 17/2010 dirigida al entonces secretario de Seguridad Pública y hoy fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, así como al comisario general de Prevención y Reinserción Social del Estado, José González Jiménez.
Ese año también se emitió la recomendación 34/2010 dirigida al entonces alcalde de Cihuatlán, Roberto Gallardo Ruiz, por violación de los derechos al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica, y a la integridad y seguridad personal, ya que un médico de la cárcel municipal les indicó a varias mujeres que para permitirles visitar a sus familiares tenían que pasar a un cuarto, bajarse los pantalones y la ropa interior para practicarles él mismo una revisión vaginal en presencia de una mujer policía, supuestamente en busca de drogas y objetos prohibidos, que en ningún caso se hallaron.
El año pasado la CEDHJ recibió 45 quejas contra la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres), la mayoría por actos del Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta y el Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana, primordialmente por violaciones a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, seguidas por el ejercicio indebido de la función pública, lesiones, amenazas, detención arbitraria, discriminación y violación a los derechos de las personas de la tercera edad, entre otras.