Darío Pereira.- Aunque diputados de todas las fracciones han insistido en la necesidad de reducir la nómina del Congreso del Estado, la disminución de la plantilla laboral parece lejos de concretarse, pues el Tribunal de Arbitraje y Escalafón notificó al Poder Legislativo que por lo menos 14 empleados de periodos anteriores que interpusieron demandas laborales, tendrán que ser reinstalados en sus puestos, y la cifra podría aumentar.
“Entre 13 y 14 casos ya nos fueron notificados, pero vienen en ruta otros. Sabemos de por lo menos 100 que se podrían reinstalar. Es la información extraoficial que tenemos”, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Enrique Velázquez González.
Además de reincorporar a los empleados se les tendrán que pagar los salarios caídos. Dado que algunos de los juicios datan de hace seis años, el Congreso tendrá que erogar una cantidad aún no determinada, pero que representará un golpe considerable a las ya débiles finanzas del Legislativo.
“La nómina ha estado muy grande desde hace mucho tiempo y puede ser más. Hay asuntos (que se iniciaron) desde 2006, no sé si más para atrás también (…) Al Congreso le implicaría un gasto importante, aunque no sé cuánto es, tendrá que verse con la dirección jurídica”, agregó el legislador.
A pesar de que en los últimos meses integrantes de las cinco bancadas con presencia en el Congreso han asegurado que la nómina del Congreso del Estado tendría que reducirse en 200 personas, hasta quedar en poco más de 500 empleados, no han logrado los consensos necesarios para hacer efectiva la reducción.
El perredista criticó las acciones emprendidas por otros partidos, en especial el PAN, de hacer públicos los nombres de empleados a quienes se pretende dar de baja, pues, dijo, es una “estrategia fallida” que sólo consigue abrir la posibilidad de que los señalados interpongan recursos legales que pueden concluir en sentencias como la que ahora los pone en aprietos.
Preparan nuevas contrataciones
En sesión de la Junta de Coordinación Política –órgano que agrupa a los coordinadores parlamentarios– se aprobó instruir a la comisión de Administración para que establezca los lineamientos para las nuevas contrataciones bajo el esquema de honorarios.
El pasado 15 de marzo los legisladores aprobaron que serían ellos quienes administrarían una bolsa de 105 millones de pesos disponibles para la contratación de tres empleados por cada uno de los 39 diputados; sin embargo, después se retractaron y determinaron a la Secretaría General como encargada de hacerlo.
Ahora, Administración tendrá que oficializar este esquema, en el que también tendrá que especificar la naturaleza de la actividad a realizar, su duración y se deberán empatar las percepciones con las establecidas en el tabulador salarial.