El presupuesto del Poder Legislativo contempla ingresos y egresos por 949 millones 248 mil 687 pesos, en los que se incluyen 200 millones de pesos de “subsidio extraordinario” provenientes del gobierno del estado. Esto, a pesar de que los legisladores negaron con anterioridad que se estuviera retrasando su aprobación para esperar un rescate por parte del Ejecutivo.

Hasta el momento, el Legislativo sólo ha recibido 47 millones de pesos del gobierno estatal, y aunque los diputados afirmaron que se trató de un adelanto de los recursos de este mismo año, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, aseveró que se trataba de “recursos rezagados” del año pasado. Sin embargo, ningún legislador había manifestado en el transcurso del 2013 que se tuviera algún atraso en las ministraciones del año pasado.

Aunque la sesión de la comisión de Administración en la que se pretendía la discusión del presupuesto estaba contemplada al medio día del viernes, los jaloneos entre las diversas fracciones parlamentarias llevaron a que fuera aprobado alrededor de las 2:00 de la mañana en la comisión y cerca de las 5:00 horas por la Asamblea en su conjunto; con la ausencia mayoritaria de los representantes de los medios de comunicación.

Uno de los puntos que provocaron mayores divergencias fue la propuesta de la bancada del PRD de eliminar la partida de casas de enlace –de 92 mil pesos mensuales por diputado– y apoyos legislativos, que representa erogaciones anuales por 46 millones de pesos. Con siete votos a favor del PRD y Movimiento Ciudadano (MC) y la oposición del PRI y el PAN, la partida se conservó. De la misma forma, se preservaron recursos para pasajes aéreos –100 mil pesos–, pasajes terrestres –200 mil– y viáticos en el país –313 mil pesos–.

Además, la contratación de nuevo personal generó otro fuerte desencuentro entre las bancadas, toda vez que de último momento el diputado panista Guillermo Martínez Mora propuso que el ingreso de nuevos trabajadores se diera bajo el esquema de honorarios y no en carácter de supernumerarios –es decir, de forma temporal– lo que generó la molestia de las fracciones de MC y el PRD, y el aval del resto de las bancadas.

La perredista Celia Fausto acusó a Miguel Castro Reynoso, presidente de la Mesa Directiva, de dar entrada a una propuesta improcedente y fuera de tiempo, pues en la comisión de Administración, que ella preside, no se contempló dicha opción. Por ello, anunció que presentará un recurso en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) por las irregularidades que, dijo, se cometieron.

“Esta propuesta no la presentó (Martínez Mora) en tiempo y forma a la Mesa Directiva. A pesar de ello, Miguel Castro decidió de manera unilateral y violando las normas internas del Congreso, someterla a votación, modificando el proyecto que ya había sido aprobado por unanimidad en la comisión de Administración”, expuso MC mediante un comunicado, donde calificaron el esquema de contratación aceptado como la instauración de “un modelo de outsourcing legislativo”.

En un proyecto presupuestal previo, se contemplaban egresos por mil 71 millones de pesos e ingresos por 653 millones. Este último número se incrementó, además de por los recursos estatales, porque se avaló poner en venta el edificio del Poder Legislativo ubicado en el cruce de la avenida Juárez y la calle Corona, por lo que los diputados esperan ingresar a las arcas 60 millones de pesos.

Sin acuerdos sobre el recorte

Las mesas de trabajo que realizaron los diputados durante toda la semana no fueron suficientes para que se llegara a un acuerdo sobre el número de trabajadores que serán despedidos, y por un acuerdo tomado en la Junta de Coordinación Política –con el voto en contra de MC– se relegó la decisión a la Secretaría General del Congreso, sin una indicación específica sobre el número de trabajadores que serán despedidos y quedando sujeta a un análisis particular de cada caso.

En el presupuesto se considera una bolsa de 67 millones de pesos para indemnizaciones.

Igualmente, quedó estipulado que “derivado de los procesos de reingeniería administrativa del Congreso del Estado, cualquier plaza que quede vacante se procederá a suprimirla”.

La Jornada Jalisco