Así lo consideró el ex magistrado Luis Antonio Rocha Santos, quien fuera titular de la Cuarta Sala del entonces Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco desde 1998 hasta 2007, así como magistrado titular de Dictado y Emisión de Acuerdos y Sentencias en ese mismo tribunal. Desde su punto de vista, el área jurídica del gobierno zapopano no agotó los recursos indispensables que, incluso, se encuentran establecidos en la Constitución, puesto que temas como el del medio ambiente y el desarrollo urbano tienen su origen en ella.

“Inicialmente es un tema federal y se establece que es una competencia concurrente, es decir que pueden intervenir los tres niveles de gobierno”, señaló Rocha Santos. Al estar las villas panamericanas asentadas en un manto freático, en el litigio también converge el tema del agua, que de igual manera es de competencia federal y concurrente de acuerdo a la Constitución, por lo que el también doctor en derecho y ex docente del Colegio de Abogados cuestiona por qué el Ayuntamiento de Zapopan nunca llamó como terceros en el juicio a instituciones estatales y federales.

“En su defensa, el Ayuntamiento de Zapopan debió haber llamado, en primer lugar, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en segundo lugar a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), porque si se pavimenta esa zona habrá menos captación de agua; si es así, hay una afectación en la distribución del agua captada de los mantos freáticos ubicados en la zona de El Bajío que, en general, daña la concesión que la Federación da a los gobiernos estatales y municipales pata distribuir el vital líquido a la ciudad”, dijo el experto.

De acuerdo con el magistrado, el gobierno de Zapopan pudo haber echado mano del recurso de llamar a terceros, que si bien reconoce que los entes públicos están limitados a promover amparos, sí lo pudieron haber hecho los vecinos de fraccionamientos que, en algún momento, se verán afectados en el abasto de agua en los próximos años por no abastecer sus pozos de la zona de recarga de El Bajío.

“Como abogados del ayuntamiento, debieron haber echado mano de todos los recursos posibles. Por ejemplo, por qué no llamaron a los vecinos que se verán afectados por esta habitabilidad. Son muchos los fraccionamientos que, en cinco, tres ocho o 10 años se van a perjudicar en sus pozos; si el ayuntamiento no pude promover amparos, los colonos sí”. Sin conocer el expediente a fondo, el ex magistrado señala que si bien no tiene a la mano el paso a paso de la estrategia que siguió el área jurídica del gobierno de Zapopan, lo cierto es que hubo recursos legales que pudieron haber interpuestos, y no lo hicieron.

El gobierno zapopano falló en la estrategia al llamar como terceros a instituciones que poco tenían que aportar para la pelea legal: Pensiones del Estado y el Instituto Jalisciense de la Vivienda. “Pues ellos qué pueden opinar. Pensiones sólo busca recuperar su dinero, pero desde su inicio las villas panamericanas son una construcción irregular”, añadió el también doctor en derecho. Ignoraron estudio de zona de El Bajío Otro as bajo la manga que tuvo el Ayuntamiento de Zapopan y que tampoco usó radica en el estudio que una empresa particular entregó en 2015 a la Semadet.

“Se llama Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes Parciales de Desarrollo Urbano del Arenal y Bajío en Jalisco; la empresa particular fue contratada y los resultados de éste se entregaron a la Semadet. En el estudio se especifica la importancia que tiene la zona como un área de recarga, hay demasiada información que pudo ser utilizada y que se ignoró. Eso debió saberlo el ayuntamiento, pero si no lo sabía, debió haber llamado como tercero a la Semadet”.

Zapopan debió clausurar Otras de las acciones que sí le competían al ayuntamiento de Zapopan y que tampoco hizo fue haber clausurado el fraccionamiento una vez que se demostró que al interior de la Villa Panamericana ya había moradores y que los departamentos se vendían a la luz pública. De acuerdo con lo expuesto por Rocha Santos, el gobierno de Zapopan estaba facultado para hacerlo, puesto que una suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco (TJA) aun cuando ésta sea definitiva, no ampara al constructor para que pueda haber gente viviendo en el desarrollo ya que, con amparo o suspensión, no había habitabilidad. En junio pasado, cuando NTR reveló que la Villa Panamericana ya tenía personas viviendo, el gobierno de Zapopan se dijo sin facultades para proceder con la clausura, ya que los desarrolladores estaban amparados, lo cual desmiente en su totalidad el ex magistrado.

La deducción de Luis Antonio Rocha Santos es que hay cosas “muy raras” en el juicio que se perdió, elementos que estaban a la mano y que la defensa jurídica del Ayuntamiento de Zapopan no usó. Recordó que no son pocas las veces que, en situaciones similares, los compromisos de los gobiernos con particulares permiten una simulación de litigio, para finalmente entregar terrenos y autorizar habitabilidades sin tener en cuenta el daño que se hace.

NTR