Pues eso ocurrió en 2012 con recursos del Seguro Popular que pagó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) para adquirir un software que digitalizara los expedientes de afiliación de los beneficiarios.
Contraloría del Estado ya no puede hacer más ante las irregularidades detectadas en el contrato que firmaron el Seguro Popular Jalisco y la empresa Global Incom en el 2012.
En este caso, que implicó un desfalco de 326.5 millones de pesos, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) es la única instancia que podría presentar
otra denuncia, aunque necesitaría nuevas pruebas.
Verónica Batres Jiménez, coordinadora general de Proyectos de la Contraloría estatal, señaló que todo lo detectado en la auditoría fue reportado primero a la SSJ para que las observaciones fueran subsanadas, pero la respuesta no satisfizo al órgano de control y ello motivó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El contrato cuestionado fue para el "Servicio integral de automatización, basado en un modelo de gestión, optimización y prácticas que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de afiliación al Sistema de Protección Social en Salud
(Seguro Popular) en el Estado de Jalisco, que incluya la implementación y puesta a punto de controles sistematizados y tecnificados del archivo físico de los expedientes que lo integran", asignado a través de la licitación pública LPN-43068001-007-12.
"Nosotros nos dedicamos a la entidad, al OPD, y desconocemos si ellos (SSJ) consideran proceder a través de una denuncia u otras instancias administrativas o civiles; no podríamos decirle, no podría yo hablar por ellos", dijo Batres Jiménez.
Con la referencia de la liberación de uno de los cuatro inculpados -Álvaro Córdoba Pérez- por falta de pruebas, según la interpretación del Juez de Amparo que revisó el caso, se teme que las otras tres órdenes de aprehensión se desechen por disposición judicial federal sin que se recuperen los recursos erogados, pues tampoco se determinó delito por parte de la empresa.
"Se supone que la empresa cumplió con las bases de la licitación que se realizó; realiza el programa, de acuerdo con lo que le pidieron", indicó Gilberto Rodarte, director de la Unidad de Investigación contra Recursos de Procedencia Ilícita de la FGE.
"En su caso, entrega a las personas el trabajo y hay un acta de entrega-recepción de ese trabajo, entonces, en un momento dado, la empresa o cualquier persona puede decir 'yo ya cumplí y aquí está tu trabajo, de acuerdo con lo que me pediste'".
Por su parte, el titular de Asuntos Jurídicos de la SSJ, Fernando Letipichia Torres, explicó que de momento no se puede hablar de la formulación de una nueva denuncia, ya que sería irresponsable de parte de la SSJ y la Contraloría intentar acciones que fueran improcedentes y que resultaran en un gasto de manera estéril o impropia.
"Este tema es cuestión de interpretación, la ley es a criterio de quienes impartieron justicia. En caso de que existieran nuevas pruebas, que se fuesen descubriendo, también nosotros tendríamos que ver junto con la Contraloría del Estado, porque ellos fueron los que llevaron el liderazgo del proceso como ente fiscalizador, para presentar nuevas denuncias", indicó.
Negó que el caso quede impune, pues se siguió un proceso en el que se presentó un caudal probatorio que pasó por los tribunales.
El Seguro Popular Jalisco hizo cinco pagos en el 2012 por el software de Global Incom como parte del contrato bajo licitación pública LPN-43068001-007-12.
Mariana Jaime, Mural