Mujica anunció el miércoles que legalizará la comercialización de marihuana dentro de un plan de 15 medidas para combatir la inseguridad. La normativa deberá ser aprobada por el Congreso, donde el gobernante Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras.

El Estado dijo que canalizará la distribución mediante comercios privados controlados. El Gobierno, además, aseguró que su idea no es obtener ganancias de este negocio, aunque prevé gravar la venta y destinar los impuestos a la rehabilitación de adictos.

"Regulando de la forma que estamos proponiendo el mercado  de la marihuana, vamos a lograr socavar el desarrollo a futuro  del mercado de otras drogas", dijo el secretario general de la Junta Nacional  de Drogas, Julio Calzada, que agregó que la regulación permitirá controlar la calidad de la droga consumida, algo que no es posible realizar actualmente. Dijo, además, que la producción podrá servir para elaborar medicinas oncológicas.

El consumo y la tenencia para uso personal de marihuana no están penalizados en Uruguay. Uruguay prevé imponer  un consumo máximo de 30 gramos mensuales por persona, a través de un registro  que buscará evitar el "narcoturismo" y el mercado negro. No se entregará a extranjeros.

"La idea es que solo  se le venda a nacionales, algo por lo que Holanda ha desandado parte de su  camino después de muchos años de dificultades con países de su región",  expresó Calzada.

La propuesta fue bien  recibida por activistas a favor de la legalización del cannabis, aunque éstos consideraron que el contexto no es el más adecuado. "Nos parece criticable  que esta medida haya sido presentada en el marco de un paquete general de  seguridad. Para nosotros la legalización de la marihuana es un ataque directo  al narcotráfico, que se sustenta en la política prohibicionista  que incluso los EEUU reconoció que ha fracasado", dijo  Martín Collazo, integrante de la organización Prolegal.

Sectores de la oposición están en contra de la medida anunciada. La diputada  Ana Lía Piñeyrúa, del derechista Partido Nacional, dijo que existen  "enormes dudas de cómo se va a instrumentar" la legalización. "La sola idea a  nosotros, y a mí en particular, me provoca rechazo. (...) No soy partidaria  de liberalizar la comercialización porque si no hemos podido controlar  otras cosas, menos vamos a poder controlar esto", dijo.

La parlamentaria  añadió que tanto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como el  ministro del Interior de Venezuela, Tareck el Aissami, han pedido que Uruguay  no tome una medida unilateral de esta naturaleza porque el narcotráfico se  debe combatir a escala regional.