Los ataques aéreos durante la noche del lunes mataron a 25 personas en una ciudad del sur, según registros hospitalarios.

Las muertes en Rafah incluyeron a nueve mujeres y cinco niños, uno de los cuales tenía sólo cinco días de nacido, según los registros y un reportero de Associated Press. Israel está planeando una invasión de la ciudad, aunque su aliado más cercano, Estados Unidos, y otros han advertido repetidamente contra ello, diciendo que una ofensiva significaría una catástrofe para los más de un millón de palestinos que se refugian allí.

Mientras tanto, funcionarios israelíes se han referido en los últimos días a una investigación de la CPI iniciada hace tres años sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y militantes palestinos que se remontan a la guerra entre Israel y Hamas de 2014.

La investigación también analiza la construcción por parte de Israel de asentamientos en territorios ocupados que los palestinos quieren para un futuro Estado.

No hubo comentarios del tribunal el lunes y no ha dado ninguna indicación de que las órdenes judiciales en el caso sean inminentes. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo el domingo por la noche que había informado a las misiones israelíes sobre "rumores" de que podrían emitirse órdenes de arresto contra altos funcionarios políticos y militares.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, dijo que cualquier orden de este tipo "proporcionaría un impulso moral" a Hamas y otros grupos militantes.

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo el viernes que Israel “nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa”. “La amenaza de capturar a los soldados y funcionarios de la única democracia de Oriente Medio y del único Estado judío del mundo es escandalosa.

No nos doblegaremos ante ello”, publicó en la plataforma de redes sociales X. No estaba claro qué provocó las preocupaciones israelíes. Una serie de anuncios israelíes en los últimos días sobre permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza parecen tener como objetivo en parte evitar una posible acción de la CPI.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo durante una visita a la región en diciembre que la investigación “avanza a buen ritmo, con rigor, con determinación y con la insistencia en que no actuemos basándose en emociones sino en base a pruebas sólidas”.

Ni Israel ni Estados Unidos aceptan la jurisdicción de la CPI, pero cualquier orden judicial podría poner a los funcionarios israelíes en riesgo de ser arrestados en otros países. También servirían como una importante reprimenda a las acciones de Israel en un momento en que las protestas pro palestinas se han extendido por los campus universitarios de Estados Unidos.

La Corte Internacional de Justicia, un organismo independiente, está investigando si Israel ha cometido actos de genocidio en la guerra en curso en Gaza, y se espera que su decisión tarde años. Israel ha rechazado las acusaciones de irregularidades y acusó a ambos tribunales internacionales de parcialidad.

En cambio, Israel acusó a Hamas de genocidio por su ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra. Los militantes irrumpieron en bases militares y comunidades agrícolas en todo el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando alrededor de 250 rehenes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva masiva por aire, mar y tierra que ha matado al menos a 34.488 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su recuento. Israel culpa a Hamás del alto número de muertes de civiles porque los militantes luchan en zonas residenciales densas.

El ejército dice que ha matado a más de 12.000 militantes, sin aportar pruebas. La guerra ha expulsado a alrededor del 80% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza de sus hogares, ha causado una gran destrucción en varios pueblos y ciudades y ha llevado al norte de Gaza al borde de la hambruna . Israel ha prometido ampliar su ofensiva terrestre hasta Rafah, donde más de un millón de palestinos han buscado refugio de los combates en otros lugares.

Israel dice que Rafah es el último bastión de Hamas, con miles de combatientes incrustados allí. La administración del presidente estadounidense Joe Biden, que ha brindado un apoyo militar y político crucial para la ofensiva, ha instado a Israel a no invadir Rafah por temor a que pueda causar una catástrofe humanitaria, preocupaciones que reiteró en una llamada telefónica con Netanyahu el domingo.

La administración Biden enfrenta una fecha límite del 8 de mayo para informar al Congreso sobre si Israel cumple con el derecho internacional en el uso de la ayuda militar estadounidense, incluso al permitir la entrada de asistencia humanitaria. Se espera que el secretario de Estado Antony Blinken visite Israel en su último viaje a la región que comenzó en Arabia Saudita el lunes.

Dijo que Israel necesita hacer más para permitir que la ayuda entre a Gaza, pero que la mejor manera de aliviar la crisis humanitaria es que las dos partes acuerden un alto el fuego.

Estados Unidos, Egipto y Qatar están presionando a Israel y Hamás para que acepten un acuerdo que redactaron y que liberaría a algunos de los rehenes y lograría al menos una tregua temporal. Se cree que Hamas todavía tiene alrededor de 100 rehenes y los restos de otros 30 después de que la mayoría del resto fueron liberados a cambio de la liberación de prisioneros palestinos el año pasado.

Hamás ha dicho que no liberará a los rehenes restantes sin un acuerdo para poner fin a la guerra. Netanyahu ha rechazado esa demanda, diciendo que Israel continuará su ofensiva hasta que Hamas sea destruido y todos los rehenes sean devueltos.

En un evento en la capital saudí, Riad, Blinken pidió a Hamás que aceptara lo que calificó como una oferta “extraordinariamente generosa” de Israel. "En este momento, lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y el alto el fuego es Hamás", dijo.