En sustitución de Esteban asumirá el cargo Esperanza Peleteiro, hasta ahora secretaria de Estado del ministerio de Defensa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Defensa, Margarita Robles, compareció para explicar la decisión.

La propia Robles, de quien depende el CNI, que sólo responde ante la propia ministra y la presidencia del gobierno, había defendido hace sólo una semana con vehemencia la labor de la hoy cesada y de su equipo, en una comisión parlamentaria en la que explicó que todos operativos de seguimiento y vigilancia de personas, incluidos los de los líderes independentistas, se habían realizado bajo el amparo de un juez y acorde a la legalidad.

Sin embargo, la ministra Robles fue la responsable de anunciar lo que ella llamo una “sustitución” en el marco del funcionamiento normal de la institución.

La destitución de la responsable del servicio de inteligencia español se produce en medio de dos grandes polémicas; la primera, la desvelada por el movimiento separatista catalán, que aseguran que al menos 61 personas de los partidos y organizaciones civiles a favor de la independencia fueron espiadas a través del programa informático Pegasus, que pertenece a una empresa israelí y al que sólo pueden tener acceso los gobiernos del mundo para defenderse de ataques terroristas o vulneración de sus territorios.

La segunda crisis surgió unos días después de conocerse estos hechos y lo desveló el propio gobierno español, que informó que tanto el teléfono celular del presidente Sánchez como de la ministra de Defensa habían sido penetrados por el mismo sistema Pegasus y les habían extraído abundante información.

Desde el separatismo catalán se exigieron “responsabilidades políticos” y “ceses al más alto nivel”, además de amenazar a Sánchez con retirarle definitivamente sus apoyos parlamentarios en lo que queda de legislatura, lo que supondría un grave contratiempo para el gobierno.

El gobierno español espera reconstruir las relaciones con el independentismo catalán una vez cesada la funcionaria del CNI.

Desde la oposición se criticó duramente la decisión del gobierno, tanto desde el Partido Popular (PP), Ciudadanos y la ultraderechista Vox, que calificaron la medida como una “cesión irresponsable” frente a los nacionalistas que “sólo pretenden la destrucción de España”