Y siete meses después, la constructora se convirtió en el principal donante español de la recién creada Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el organismo creado tras la sentencia que apartó al magistrado de la carrera judicial para canalizar sus conferencias, cursos y acciones sociales. En dos años (2012 y 2013), la constructora donó un total de 400.000 euros a la entidad.

La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Eurofinsa acreditaba la entrega de joyas, coches e incluso 16,5 millones de euros en supuestos préstamos a altos responsables del gobierno angoleño. Sin embargo, el juez Pedraz consideró que no estaba suficientemente acreditada la voluntad de la constructora española de corromper a los funcionarios para conseguir 300 millones de euros en contratos públicos. La decisión supuso un considerable revuelo jurídico, comparable a la puesta en libertad el pasado mes de enero del ex presidente del PRI mexicano Humberto Moreira, acusado de blanqueo de dinero, malversación y cohecho por la Fiscalía Anticorrupción y que utilizó también al ex juez Garzón en 2012 como asesor para la carrera presidencial mexicana.

En el caso de Eurofinsa, Pedraz consideró acreditada la existencia de los regalos, pero –tal y como adelantó El Confidencial en mayo de 2015- los justificó en su auto, ya que “podrían ser en atención al cargo o por amistad subsiguiente”. “No se sabe qué acción u omisión o qué acto injusto han realizado los funcionarios señalados”, apostilló el juez en mayo de 2011. La operación más cuestionada fue la entrega de 16,5 millones de euros al hijo del presidente angoleño –José Filomeno De Sousa Dos Santos- por medio de varias sociedades interpuestas.

La Fiscalía Anticorrupción considero que los fondos estaban destinados a conseguir sin concurso público un contrato de 300 millones de euros entre Eurofinsa y el Instituto de Carreteras de Angola (INEA). A juicio del juez, no existían pruebas de que el hijo del presidente hubiera utilizado su influencia para favorecer los intereses de la constructora española. Así, Pedraz dio por buena la versión de la defensa: que el dinero era un préstamo para que De Sousa comprara una casa en Londres. La operación dejó además por el camino otros 3,5 millones de euros para varios asesores.

En su auto de archivo, el juez da por buenas las presuntas asesorías, de las que no se presentó documento alguno. “El hecho de que no conste documentación sobre hechos concretos de asesoría no implica que no exista, pues puede basarse en reuniones, llamadas de teléfono, correos.. “, una tesis que dista mucho, por ejemplo, de la mantenida por el instructor del caso Nóos, donde el ex duque de Palma Iñaki Urdangarin realizaba también presuntas asesorías para diversas compañías privadas.  

En otro punto del auto –según recogen las crónicas de la fecha- Pedraz argumenta que “Angola es un país en desarrollo, con lo que ello comporta a la hora de lograr negocios en el mismo”. La decisión del juez fue tan polémica que dos años después, el caso fue puesto como ejemplo tras un duro informe de la OCDE que acusaba a España de ser condescendiente con los sobornos que sus empresas pagaban en el extranjero.

Ayudas a la fundación de Garzón

Seis meses después del archivo, en diciembre de 2011, Baltasar Garzón creó su fundación para luchar por los derechos humanos. La contabilidad de la entidad recoge como único gran donante en España a la empresa Eurofinsa SA. La firma abonó ese año 250.000 euros a la fundación recién creada. Y otros 19.087 por medio de una filial vinculada en México. Ese dinero, junto a los 433.000 euros donados por la Fundación Mexicana Aliter, sirvió para poner en marcha la entidad comandada por el ex juez Garzón.

Con estos datos, es imposible conocer si el dinero donado por Eurofinsa responde a una acción de responsabilidad social, a una campaña de marketing para desvincular su nombre con la corrupción tras la investigación judicial en su contra o a la voluntad de mantener buenas relaciones con el entorno de los juristas con contactos en la Audiencia Nacional. Tampoco existe legislación alguna –en España o en el resto de los países donde opera- que impida a la FIBGAR recibir tal cantidad de fondos (400.000 euros en dos años) de una constructora investigada por el órgano jurídico del que Baltasar Garzón formaba parte.

Los servicios de Arístegui y De La Serna

El nombre de la constructora Eurofinsa volvió a aparecer este mismo mes de enero en los autos emitidos por la Audiencia Nacional, esta vez en una investigación desarrollada por el juez José De La Mata.  La constructora aparece como una de las empresas que contrataron los servicios del despacho Voltar Lassen, levantado por el ex embajador de España en La India Gustavo de Arístegui y el senador Pedro Gómez de la Serna. Ambos están siendo investigados por la Audiencia Nacional y acusados de utilizar sus contactos políticos para beneficiar a distintas empresas fuera de España. Eurofinsa figura como una de las constructoras que presuntamente utilizaban sus servicios.

Daniel Montero

NOTICIA RELACIONADA

Baltasar Garzón, en el centro, junto a los hermanos Rubén y Humberto Moreira. El Universal

La relación entre Humberto Moreira y el ex juez Baltasar Garzón era pública y notoria. Tanto que se fotografiaban juntos allá por 2012, cuando Moreira lideraba el PRI del presidente mexicano Peña Nieto, y Garzón organizaba jornadas legales en el país a las que invitaba, entre otros, al juez Santiago Pedráz. El acto no pasaría de mera anécdota, si no fuera porque cuatro años después Moreira fue detenido en suelo español, acusado de blanqueo de dinero, organización criminal, malversación y cohecho. A partir de ahí se convirtió en protagonista de uno de los procesos judiciales que más sorpresa ha suscitado en la opinión pública y parte de la judicatura en los últimos meses.

El pasado 23 de enero, el ex presidente del PRI Humberto Moreira abandonó la prisión madrileña de Soto del Real. Cinco días antes, el político mexicano era detenido en el aeropuerto de Barajas y acusado por la Fiscalía Anticorrupción de blanqueo de dinero. Desde hacía un año, fiscales y agentes de la Policía Nacional seguían los pasos de Moreira ante la sospecha de que utilizaba España para blanquear parte de los fondos detraídos en su etapa como gobernador del estado mexicano de Coahuila.

Moreira bajó del avión y fue detenido. Llevaba más de un año residiendo en Barcelona y había cursado su segundo máster. Nunca trabajó mientras estuvo en el país y eso -unido a una investigación abierta en Estados Unidos- levantó las sospechas sobre la procedencia de los 200.000 euros que gastó en este tiempo.

El 15 de diciembre, horas antes de su detención, los agentes de la Policía Nacional avisaron a la Audiencia Nacional de su llegada con una llamada. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, el juez Santiago Pedraz, encargado del caso desde hacía doce meses, explicó ese viernes que tenía un compromiso ineludible y pidió a los agentes que siguieran al político mexicano durante el fin de semana. Los miembros de la UDEF replicaron que no había personal suficiente para monitorizarle y que Moreira corría el riesgo de escaparse de nuevo. Era mejor hacer la detención cuanto antes.

Una llamada a De la Mata

Fue entonces cuando Pedraz levantó el teléfono y llamó a su compañero José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ese fin de semana entraba de guardia. Pedraz le pidió a su compañero que tomara declaración a Moreira y le explicó los pormenores de la operación que llevaba abierta desde hacía un año. Poco después y tras el sí de De La Mata, la Policía Nacional detuvo a Moreira en Barajas y le leyó sus derechos. En un primer momento y según fuentes del caso, el ex presidente del PRI mexicano designó como abogado a Baltasar Garzón. 

La relación entre el ex juez y Moreira se remonta a 2011, cuando Garzón -todavía en la carrera judicial- trabajó como asesor legal para el partido del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Jurista y político se conocieron, tal y como reveló el semanario mexicano Proceso, en el foro Legalidad Democrática , Ética y Derechos humanos, organizado por la Cámara de los Diputados. Allí Garzón conoció también a Rubén Moreira, hermano del entonces gobernador de Coahuila y señalado también por los casos de corrupción en México. 

Poco después, Garzón mantuvo con ellos y otras figuras del partido una reunión privada en la sede nacional del PRI para abordar propuestas sobre la lucha contra la corrupción y derechos humanos. Eso intensificó todavía más las relaciones de Garzón con los líderes mexicanos y seis meses después el ex juez de la Audiencia Nacional fue invitado al Foro Internacional Seguridad con Legalidad, al que acudieron también otros dos compañeros españoles: Fernando Andreu y Santiago Pedraz, encargado ahora de juzgar a Moreira. 

La presencia de los magistrados se repitió tres meses después, cuando Garzón y Pedraz participaron en el Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos de Ciudad Juarez, tal y como refleja esta imagen:

Foro de Seguridad en Ciudad Juarez. Garzón habla desde el podio mientras Pedraz, segundo por la derecha, escucha desde la mesa.