Durante el proceso de investigación que lleva a cabo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Nayarit en contra del magistrado en funciones, Raymundo García Chávez para desaforarlo y que éste enfrente la justicia penal por presunto enriquecimiento ilícito, surgieron nuevas evidencias de las propiedades del funcionario del poder judicial nayarita que no reportó en su declaración patrimonial y que ascienden a más de 34 millones de pesos, así como cuentas bancarias no declaradas por casi 28 millones de pesos.